Gallardón plantea reducir a 24 horas el plazo para que un detenido sea puesto a disposición del juez o quede libre

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha considerado "extraordinariamente positiva" la propuesta recogida en el Código Procesal Penal basada en "recuperar" el plazo de 24 horas para que un agente ponga al detenido a disposición de la autoridad judicial o le deje en libertad. La ley actual contempla un periodo máximo de 72 horas, sin incluir la incomunicación para casos de terrorismo.El titular de Justicia ha hecho esta valoración durante una conferencia sobre la propuesta del Código Procesal Penal que ha tenido lugar en el Centro de Estudios Jurídicos y en la que ha estado acompañado por el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, y el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien ha defendido que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deben ser escuchadas ante una norma que afecta a su modo de actuación.Durante su intervención, Gallardón ha explicado que no se contemplan cambios en el periodo de prisión provisional -de hasta cuatro años-- pero sí se incorpora algo "extraordinariamente positivo" como el plazo de 24 horas de detención hasta la puesta a disposición judicial. "Es el plazo previsto aunque luego fue ampliado", ha dicho.El artículo 520 de la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que la detención "no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario" para realizar las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos y que, en todo caso, "en el plazo máximo de 72 horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial".Además, Gallardón ha querido lanzar un mensaje sobre el eje fundamental de la reforma basado en que la investigación penal quede en manos del Ministerio Público, una competencia en la no habría "ningún riesgo" de una posible "intervención política". "Que nadie tenga miedo", ha añadido.En este sentido, ha destacado que la propuesta de la comisión incorpora mecanismos para que el juez de garantías, la defensa o las acusaciones puedan impulsar el proceso ante una "posible inacción" del fiscal.Aunque ha reconocido afrontar con "cierto vértigo responsable" la aprobación de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, ha asegurado que ello no le frenará en su "responsabilidad" de asumir una tarea que parte de una propuesta "revolucionaria que debe merecer el interés de todos los actores jurídicos".INTERIOR PIDE CONSULTAR A LAS FUERZAS DE SEGURIDADEl ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, también ha participado en este acto en el que ha garantizado el apoyo de su Departamento a la renovación de esta ley desde una postura "constructiva", pero también "severa y crítica". Según ha reivindicado, la policía judicial en el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil son una parte activa en el proceso penal.Ha destacado que este trabajo de intercambio entre Interior y Justicia se viene produciendo desde hace meses y como ejemplo ha citado la reforma legal que ha permitido una mayor agilidad en la destrucción de la droga incautada en operaciones policiales. "No es posible avanzar en el proceso penal sin tener en cuenta la opinión de la policía judicial, esencial para el buen desarrollo de la renovación de la Ley", ha insistido el ministro en una defensa de las competencias individuales de las distintas partes que participan en el proceso penal. Asimismo, ha pedido tener en cuenta los avances tecnológicos.Por su parte, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha destacado la importancia del juez como "necesario equilibrador de las partes", aunque también ha centrado su atención en la conveniencia de evitar dilaciones indebidas en los procesos para que respondan a la demanda de la ciudadanía dirigida a una resolución "eficiente", "rápida" y sin merma de garantías.Ha abogado por suprimir el apartado de las faltas recogidos en el Código Penal y por reformara la Ley del Jurado, al tiempo que ha defendido una Policía Judicial y unos agentes tributarios dependientes del Ministerio Fiscal.En todo caso, Torres-Dulce ha dado la bienvenida a la propuesta de los expertos que ahora necesita de un "debate limpio, franco, técnico y profesional" que sea escuchado por los poderes públicos. Después de haber sido sometido a la discusión de las juntas de fiscales, ha adelantado que el último paso será trasladarlo al Consejo Fiscal para que haga llegar sus reflexiones al Ministerio de Justicia.(EuropaPress)