Barcelona quiere echar el freno a los clubes de marihuana

Barcelona quiere poner coto a la “proliferación” de las asociaciones cannábicas, donde los socios compran y consumen marihuana. El Ayuntamiento tan siquiera sabe la cifra oficial de estos locales, tiene contabilizados unas 200, la mayoría en el centro de la ciudad. Hace apenas dos años, solo había 40 en toda Cataluña. Primero comprobarán que todos pertenecen a asociaciones legalmente constituida; después indagarán en sus estatutos para determinar qué finalidad persiguen estas entidades. Las primeras investigaciones indican que el objetivo declarado es en muchos casos es el consumo terapéutico de marihuana. ¿Se cumple eso? En caso contrario, el Ayuntamiento ordenará el precinto del espacio.

Esta vía, que copia el modelo californiano, que solo permite el consumo terapéutico, destapa un sinfín de problemas y litigios, fruto del vacío legal que rodea el consumo de la marihuana. En Cataluña, este descontrol se evidenció a principios de 2012, durante la polémica que generó la intención del Ayuntamiento de Rasquera (Ribera d’Ebre) de ceder unos terrenos a la Asociación Barcelonesa Cannábica de Autoconsumo para que plantara marihuana para sus socios.

El debate que generó esta operación, que reportaría unos ingresos de 1,3 millones de euros en dos años para el municipio, desnudó la improvisación de las Administraciones. El entonces consejero de Interior, Felip Puig, llegó a decir que tenía que consultar con el departamento de Justicia y con la fiscalía para saber si la actuación del Ayuntamiento era legal. Finalmente, fue el juzgado de lo contencioso administrativo de Tarragona quien anuló los acuerdos entre el municipio y la asociación. La sentencia está recurrida por el alcalde.

El principal escollo que va a encontrar el Ayuntamiento de Barcelona es que solo los jueces pueden determinar si una asociación cumple o no con sus estatutos. El abogado penalista Martí Cànoves explica que las entidades cannábicas están a favor de la regularización, pero siempre que se reconozcan sus derechos. Cànoves opina que el Ayuntamiento no puede hacer mucho más que una normativa que regule las condiciones del local.

Esta es la segunda puerta por la que quiere entrar el Ayuntamiento de Barcelona. Pretende aprobar una nueva normativa que limite el aforo de estos locales, que les obligue a instalar una salida de humos e incluso que limite su actividad a un horario.

Además del Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat también está buscando la manera de regular estos espacios junto con la fiscalía y prepara un informe con las primeras conclusiones.

Fuente: elpais.com