Acosar un Parlamento es un delito contra las instituciones del Estado

JUAN FERNÁNDEZ-MIRANDA

Acosar un Parlamento y a los diputados que se dirigen a él para desempeñar su labor es un delito contra las instituciones del Estado. Así lo consideran, al menos, la Fiscalía, la Generalitat de Cataluña y el Parlamento catalán en los escritos de acusación que han presentado en la Audiencia Nacional conmotivo del asedio a la cámara catalana que se produjo en la mañana del 15 de junio de 2011.

La coincidencia entre la Fiscalía y las dos acusacioens particulares se limita en realidad a la consideración delictiva de los hechos, puesto que el número de personas a las que se refieren varía en todos los casos, así como la la petición de condena.

Mientras que la Fiscalía pide cinco años y medio de cárcel para cada uno de los veinte acusados, tanto el Gobierno catalán como el Parlament de Cataluña reducen la petición de condena a tres años de prisión. Además, en el caso del gobierno catalán la petición se limita a cuatro de los acusados, los que supuestamente trataron de impedir el paso a la comitiva oficial del presidente de la Generalitat, Artur Mas, que tuvo que llegar a la cámara catalana en helicóptero.

Aquella mañana, cuando el Parlamento catalán se preparaba para debatir los presupuestos, centenares de personas se movilizaron en ua protesta convocada por el 15M y que derivó en el asedio a más de una decena de parlamentarios, entre ellos el presidente Mas.

Según el escrito del Parlament, los manifestantes bloquearon el acceso a la cámara catalana mediante barricadas situadas en varias puertas de acceso y arrojaron objetos contra varios diputados, a los que también increparon, escupieron, empujaron, golpearon, acorralaron y amenazaron.

«Pese a que mayoritariamente los parlamentarios que acudieron a la sesión del día 15 de junio de 2011 pudieron finalmente acceder a su escaño, cambiando sus hábitos de transporte, la gran mayoría de ellos en medios inhabituales (vehículos policiales, helicópteros, o protegidos por cápsulas policiales), lo cierto es que debieron recurrir a esas extraordinarias medidas de protección por el temor e impedimento de deambulación que les infundieron los hechos acaecidos», subraya el escrito del Parlament.

El bloqueo, según recuerda esta acusación particular, obligó a retrasar el inicio del pleno, a cambiar puntos del orden del día y a posponer para el día siguiente la sesión de control al gobierno y al presidente de la Generalitat, dos interpelaciones al gobierno, así como un homenaje al exministro y exdiputado Jordi Solé Tura.

En su escrito, el Parlament detalla el acoso sufrido por el presidente Artur Mas y por otros nueve diputados, a los que propone que comparezcan en el juicio como testigos.

En concreto se trata, además de Artur Mas, de los exconsellers y diputados Montserrat Tura, Ernest Maragall y Salvador Milà; y los diputados Jordi Turull, Josep Maria Llop, Gerard Figueras, Ana Isabel Marcos, Santi Vila, Alfons López Tena y Joan Boada.

Por su parte, el gobierno catalán también reclama en su escrito de acusación un total de tres años de cárcel, aunque lo limita a cuatro de los acusados, los que supuestamente participaron en el bloqueo a la comitiva del vehículo oficial de Artur Mas

Fuente: abc.es