Los políticos suman en plena crisis más de 300 casos de corrupción

Javier Romera madrid.

Andalucía es la comunidad autónomas más castigada, pero Baleares es la que suma un mayor número de imputados.

“En política se está en contacto con la mugre y hay que lavarse para no oler mal”. Es una frase de Enrique Tierno Galván, el viejo profesor, alcalde de Madrid durante de la década de los ochenta del pasado siglo. Han pasado más de 30 años desde entonces, pero la frase cobra hay más actualidad que nunca. Y es que en plena crisis económica, con cerca de 6 millones de parados y una marcada estrategia de recortes y austeridad, los partidos políticos han sumado en los últimos años más de 300 casos de corrupción en toda España.

La mayor parte se queda en el ámbito municipal, pero hay también escándalos como el de Gürtel y los supuestos sobresueldos en el PP, el de los ERE irregulares del PSOE en Andalucía o la presunta financiación irregular de CiU a través del Palau de la Música que amenazan incluso los propios cimientos del sistema.

En conjunto, y de acuerdo con los cálculos y estimaciones realizados por este periódico, la lista la encabeza el Partido Popular, con un total de 144 casos bajo investigación judicial desde que empezó la crisis. Pero tampoco el PSOE se queda atrás, con otros 112 más y subiendo, pese a haber perdido una gran cuota de poder, en el mapa de la corrupción. Algo ya más alejados aparecen CiU e Izquierda Unida, con diez casos más cada uno; el PNV con siete; y Coalición Canaria y Unió Mallorquina con otros seis también cada uno de ellos.

Andalucía a la cabeza

La comunidad autónoma más castigada por las corruptelas políticas, con gran diferencia sobre las demás, es Andalucía. Acapara 89 casos, lo que supone casi un tercio del total. Especialmente señaladas aparecen también Madrid, Comunidad Valenciana, Cataluña, Canarias, Galicia y Baleares.

Esta última es, con diferencia, la que suma un mayor número de políticos imputados, alrededor de un centenar, incluyendo al propio expresidente del Gobierno autonómico, Jaume Matas, por el caso Palma Arena; y al yerno del Rey, Iñaki Urdangarin, por el desvío de fondos a través del Instituto Nóos, que ha salpicado incluso a la Casa Real, provocando la imputación del secretario de las Infantas, Carlos García Revenga. En las Islas Baleares, hay medio centenar de cargos del PP imputados por corrupción, a los que hay que sumar otros 40 aproximadamente de Unió Mallorquina.

Imputados

No resulta, en cualquier caso fácil realizar una estimación global del número de imputados que hay a nivel nacional. Según las últimas estimaciones realizadas por la agencia Europa Press al cierre del pasado año había en todo el territorio nacional más de 300 políticos implicados en casos de corrupción que habían sido llamados a declarar ante los tribunales. Sin embargo, otras fuentes elevan esa cifra incluso hasta las 700 personas.

No es sencillo porque tampoco resulta fácil saber cuántos políticos y altos cargos hay ahora mismo en el país. Se calcula que pueden ser más de 400.000 sumando ayuntamientos, diputaciones, cabildos y empresas públicas, pero es sólo una estimación.

Sea como fuera, el reguero de políticos implicados en presuntos casos de corrupción ha continuado durante el pasado mes de enero, período en el que se han computado al menos una docena de nuevas imputaciones, con cargos del PP, el PSOE y CiU. Aunque el mes concluyó con el escándalo de las cuentas suizas de Luis Bárcenas, los presuntos sobresueldos en el PP y la imputación de García Revenga en el caso Nóos, otros asuntos como la investigación en la Diputación de Orense, la mafia rusa de Lloret de Mar o el caso Pokémon han aumentado la lista de noticias sobre corrupción.

El último caso destapado ha sido el de la presunta red de mafia rusa que operaba en la localidad de Lloret de Mar (Girona), liderada por el empresario Andrei Petrov, y que ha salpicado al primer teniente de alcalde del municipio, Josep Valls y al exalcalde y diputado de CiU en el Parlamento catalán, Xavier Crespo.

En lo que llevamos de año se ha hecho público también un informe de la Udef, la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía, que vincula a la ministra de Sanidad Ana Mato con presuntos pagos por parte de la red Gürtel, que dirigía Francisco Correa, y que ha obligado ya al PP a despedir a su exmarido, Jesús Sepúlveda, exalcalde de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón.

Y en la misma línea también, el expresidente de la Diputación de Orense José Luis Baltar, ha sido citado a declarar como imputado por un presunto delito continuado de prevaricación en la contratación de personal. El PSOE denuncia que hasta 115 personas fueron colocadas a dedo por Baltar en vísperas del último congreso provincial del PP, en el que resultó elegido su hijo, José Manuel Baltar Blanco.

José Blanco, bajo sospecha

Y es que la corrupción salpica a alcaldes, presidentes y expresidente autonómicos, ministros, exministros y altos cargos en todos los ámbitos. Así, el pasado 28 de febrero el juez instructor del caso Campeón en el Tribunal Supremo, José Ramón Soriano, accedió por ejemplo a que la Udef investigue, entre otras cuestiones, la compra y las obras de rehabilitación del chalé que adquirió el exministro socialista José Blanco en la localidad madrileña de Las Rozas.

La Udef había hecho el requerimiento para investigar en mayor profundidad la compra por parte de Blanco de ese chalé, ante los indicios de “pago por parte de José Antonio Orozco del coste de adquisición y reforma” de ese inmueble.

Este empresario gallego, amigo íntimo de Blanco, habría pagado en parte el chalé a cambio de favores, entre ellos la supuesta mediación del exministro para que le fueran concedidas a la empresa de la que era vicepresidente, Transportes Azkar, las autorizaciones para la instalación de una nave industrial en unos terrenos próximos al aeropuerto del Prat, en Sant Boi de Llobregat (Barcelona).

Pero Blanco deberá afrontar también las investigaciones abiertas en Galicia después de que el Servicio de Vigilancia Aduanera (dependiente de la Agencia Estatal Tributaria), detuviera a 15 personas y abriera una investigación, que afectó además del exministro a dos diputados autonómicos, por su presunta intervención para acelerar las gestiones de los ministerios de Hacienda y Sanidad a favor de determinados empresarios. El farmacéutico lucense Jorge Dorribo declaró, de hecho, que se reunió con Blanco en una gasolinera, previo pago de 200.000 a un primo de éste como pago por dichas gestiones.

Un coste de 1.100 millones

De momento, tal y como público elEconomista el pasado 8 de diciembre, la malversación de caudales públicos (cobro de comisiones ilegales), el blanqueo de capitales y el desvío de fondos se ha comido un mínimo de 1.100 millones de euros. Tan sólo el caso de los EREs falsos de Andalucía apunta al reparto a dedo de al menos 712 millones de euros en la última década, pero es que la cifra global podría ser aún mayor porque no incluye ni las supuestas comisiones del 3 por ciento o más que habría cobrado en Cataluña CiU al frente de la Generalitat por otorgar contratos públicos, ni los desvíos del Caso Malaya, en Marbella, muy difíciles de cuantificar.

Las investigaciones en marcha y los informes policiales apuntan que una gran parte del dinero salido de la corrupción podría haber acabado en Suiza. Es el caso de Luis Bárcenas, extesorero del PP; de empresarios como Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la CEOE y antiguo dueño del grupo Viajes Marsans o de la familia Ruiz-Mateos; del duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y posiblemente también, según publicó el diario El Mundo, de la familia Pujol y de altos cargos de la Generalitat de Cataluña.

En el caso de Bárcenas ha admitido ya que llegó a tener 38 millones de euros en Suiza -el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz acaba de pedir a las autoridades del país datos de sus cuentas en el apogeo de Gürtel-, pero el importe podría ser aún mucho mayor. En la Audiencia se investiga también si Díaz Ferrán evadió 50 millones de euros, tal y como apuntan las pesquisas judiciales en curso y que han acabado con el empresario o prisión o si los Ruiz Mateos llegaron a acumular hasta 600 millones, como denunció el antiguo abogado de Rumasa, Joaquín Yvancos.

Y en la misma línea también, otro juez, en este caso el magistrado balear José Castro, ha descubierto en el saldo de una de las dos cuentas helvéticas de Iñaki Urdangarin, el yerno del Rey, una presunta evasión de 700.000 euros, aunque aún queda por saber si proceden de Nóos. La información procede de la investigación que una comisión rogatoria, enviada por el magistrado ha realizado en los depósitos bancarios de los duques de Palma en el país alpino.

Lo llamativo es que algunos de estos presuntos defraudadores y corruptos se habrían acogido a la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno en un intento por regularizar su situación, lo que ha provocado que los inspectores de Hacienda hayan tenido que abrir numerosas investigaciones y que muchas de las declaraciones complementarias vayan así a ser anuladas. Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con Luis Bárcenas, que intentó llevar a cabo la regularización a través de una sociedad pantalla.

Fuente: eleconomista.es