El PP pide que se aparte al jefe de Policía Municipal de Fuenlabrada imputado

El portavoz del PP de Fuenlabrada, Manuel Molina, ha pedido al Gobierno local que aparte de sus funciones de manera cautelar al jefe de Policía local, Francisco Cano, y que destituya al director de Recursos Humanos, Alberto Gil, tras ser imputados por un juzgado por los presuntos delitos de "prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y negociaciones y actividades prohibidas de los funcionarios públicos".

El líder de los 'populares' fuenlabreños ha considerado que estos "hechos son muy graves" y "suficientes" para solicitar los ceses de dos cargos que, según ha precisado Molina, "no pueden seguir ejerciendo sus funciones".

Por su parte, el Gobierno local (PSOE e IU) ha explicado que el Ayuntamiento "respeta el procedimiento judicial abierto" y ha anunciado que "esperará a conocer los resultados del mismo para tomar las decisiones que sean oportunas".

No obstante, ha recordado en un comunicado que el Consistorio entregó al juzgado el expediente informativo abierto al jefe de la Policía en 2012, un documento que concluyó, según fuentes municipales, que no existió "irregularidad alguna en las actuaciones desarrolladas" por éste "dentro de las competencias que tiene en el Ayuntamiento" y que "siempre" ha llevado a cabo su labor "de forma escrupulosa y con profesionalidad".

En este sentido, el Ayuntamiento ha recordado que "hasta que finalice el procedimiento judicial es imprescindible respetar la presunción de inocencia" y ha subrayado que, en este caso, el Ejecutivo local "siempre ha actuado con total transparencia y responsabilidad".

Por su parte, el portavoz de los 'populares' ha considerado que el Ayuntamiento ha estado "protegiendo" al jefe policial, y ha vinculado la adjudicación de algunos contratos municipales a empresas privadas que financian actividades que promueve Cano, como ferias de seguridad en el municipio.

Gestión de multas

En este sentido, ha apuntado al millón de euros que destinó el Consistorio fuenlabreño para un programa de gestión de multas de una empresa cuando la Comunidad de Madrid cede un programa similar de manera gratuita a los Consistorios que lo soliciten.

Por su lado, el portavoz de UPyD, Francisco Conesa, ha solicitado este miércoles el "cese inmediato" del responsable policial y ha instado al alcalde, Manuel Robles, a dar explicaciones "públicas" sobre el hecho de que el expediente abierto en 2012 no detectase "pruebas ni indicios de irregularidades en la actuación" del cargo policial.

En su edición de hoy, el diario El Mundo se ha hecho eco de la información publicada por el diario ABC el 31 de enero de 2012, así como de la presentación de una querella en los juzgados de Fuenlabrada, que acusa de diversos delitos al Presidente, al Secretario General y al Secretario de Administración de Unijepol.

En relación a este hecho, el Consejo Directivo Nacional de Unijepol, su máximo órgano entre congresos, ha aprobado por unanimidad el siguiente comunicado:

1º) La querella ha sido presentada por el empresario Ignacio Muñoz Gorbea. La coincidencia en hechos y documentos entre la información publicada por ABC y en una web anónima permiten presumir que fue el querellante quien pudo haber facilitado a estos medios la información que fue publicada.

La propia querella pone de manifiesto que el citado empresario se ha sentido perjudicado por algunas de las actividades que desarrolla Unijepol y que son patrocinadas por empresas privadas, como el Encuentro Nacional de Responsables de Seguridad Local.

2º) La información publicada por ABC (que la querella viene a reproducir) motivó la presentación de otra querella criminal en los juzgados de Madrid por el Presidente de Unijepol, en su propio nombre y en representación de nuestra asociación. Dicha querella fue admitida a trámite y está en fase de instrucción por el Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid. En dicha querella han sido imputados los periodistas Mark Wieting Villegas y Juan Fernández Miranda, así como a ABC digital, como supuestos autores de la comisión de los delitos de injurias y calumnias. Así como Carlos Carmona Rodríguez, ex-Director de Comunicaciones de la Policía Local de Alcobendas, por la comisión de un supuesto delito de revelación de secretos.

Así mismo, con motivo de la información publicada por ABC, la Agencia Española de Protección de Datos ha abierto un expediente de infracción por Administraciones Públicas al Ayuntamiento de Alcobendas, en cuyos sistemas informáticos se produjo un acceso ilegítimo e injustificado a datos personales de varios dirigentes de Unijepol.

3º) Inmediatamente después de la información publicada por ABC, a solicitud de nuestro Presidente y con el fin de eliminar cualquier duda al respecto, el Ayuntamiento de Fuenlabrada instruyó un expediente informativo, que concluyó ratificando la normalidad y corrección de los procesos de contratación en los que él había participado de alguna manera.

4º) De otra parte, como consecuencia de la presentación de esta querella y en defensa del principio de igualdad, nuestro Presidente ha solicitado al Ayuntamiento que le sean aplicados exactamente los mismos procedimientos que son aplicados en Fuenlabrada al resto de los componentes de la Policía Local cuando se encuentran en situaciones similares.

5º) Los tres compañeros afectados han puesto sus cargos a disposición del Consejo Directivo Nacional, que les ha ratificado toda su confianza y su absoluto apoyo. El Consejo Directivo Nacional, el máximo órgano entre congresos de Unijepol, tiene la firme convicción de la honestidad de nuestros compañeros, demostrada en una larga trayectoria personal y profesional de trabajo para mejorar las Policías Locales. Sabemos que la persecución que están sufriendo desde hace tiempo, realmente no tiene que ver con las acusaciones que se les han hecho, sino que responden a intereses empresariales vinculados a terceros, que son siempre utilizados por sectores políticos a los que no les agrada la existencia de una fuerte asociación de jefes y mandos de Policía Local, crítica e independiente de cualquier fuerza política.

6º) Como ya hemos explicado en anteriores ocasiones, por las características especiales de nuestra asociación (que no tiene carácter sindical, sino profesional, y carece de "liberados" y que está formada por jefes y mandos de las Policías Locales con importantes responsabilidades profesionales que dificultan una mayor participación en el trabajo necesario para el funcionamiento de la asociación) Unijepol, con toda legitimidad y con pleno conocimiento y aceptación de sus órganos de dirección, ha optado por mantener un contrato de prestación de servicios con una empresa privada que desarrolla para nosotros trabajos de carácter administrativo y que también gestiona, de forma legítima y transparente, el patrocinio por empresas privadas de nuestras actividades, a cambio de la publicitación de sus productos y servicios. Y estamos muy satisfechos de los servicios que recibimos y de la actividad desarrollada por esta empresa, siendo totalmente irrelevante para nosotros la relación personal que une a la titular de dicha empresa con nuestro Presidente.

7º) Quienes piensen que con acciones injuriosas van a frenar la actividad de Unijepol se equivoca de cabo a rabo. A pesar del daño personal y profesional que están causando a nuestros compañeros, Unijepol representa un colectivo muy importante, que trasciende a las personas que le pueden representar en un momento determinado. En consecuencia, nuestra asociación seguirá trabajando activamente, con todos los medios legítimos que están a nuestro alcance, para seguir defendiendo el sistema público de seguridad, un papel más relevante para la seguridad local y una seguridad local mejor gestionada y más próxima a las comunidades locales.

Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local (Unijepol)