El inspector jefe declara hoy por el Madrid Arena y las familias de víctimas podrían pedir que se le impute falsedad en documento público

El Ayuntamiento de Madrid maquilló la actuación policial previa a la tragedia del Madrid Arena y ocultó al juez Eduardo López Palop información acerca de lo sucedido aquella noche, durante la cual murieron cinco chicas en el pabellón de titularidad municipal.

Los datos maquillados tienen que ver con el nivel de riesgo del evento, que nunca fue elevado de medio a alto pese a 'fabricarse' informes para pretenderlo; con la disponibilidad de 'Uces' (los antidisturbios municipales), que nunca estuvieron disponibles en realidad por pura falta de previsión; y con el número de efectivos utilizados, que no pasó de 12 en las horas fatídicas pese a que el inspector jefe, Emilio Monteagudo, sostuviera en su propio informe que había 18 agentes.

Monteagudo está declarando esta mañana ante el juez Palop y las acusaciones que representan a la víctimas se plantean muy seriamente pedirle al magistrado que deduzca su testimonio para acusarle de falsedad en documento público. Sostienen que ha habido ocultación y maquillaje.

Monteagudo, que declara en calidad de imputado al entender Palop que podría tener responsabilidad al menos 'in vigilando', ya tuvo una desafortunada participación en la comisión política cuando negó la existencia de 'botellón' la noche de los hechos en torno a Arena. Las imágenes han demostrado después el 'botellón' generalizado, gracias al cual, cree Palop, centenares de jóvenes entraron al recinto en condiciones que pudieron agravar o incluso provocar los hechos.

La información hurtada al juez, pese a haber solicitado éste todos los datos al Gobierno municipal desde el inicio de la instrucción, se refiere a la actuación policial de aquella noche.

Aunque se ha asegurado por activa y por pasiva que se pasó "verbalmente" de nivel de riesgo medio a alto, y pese a existir un documento de Gerardo del Rey, jefe de la Inspección Territorial I, que asegura que así se hizo, dicho cambio jamás fue realizado porque ello, aunque se tratara de una orden verbal, se tendría que haber consignado por escrito, según los artículos 41 y 22 que regulan el funcionamiento de las policías locales. Sin embargo, no existe papel alguno que lo acredite.

De hecho, eso jamás sucedió porque el dispositivo fue, hasta que se produjo la avalancha mortal, de nivel de riesgo medio. Así se asegura en el informe de la jefa policial de Moncloa, Cándida Jiménez, quien contradijo abiertamente a Monteagudo: según ella, sólo había 12 agentes cuando, al decir del inspector jefe, había 18. Monteagudo aseguró que los efectivos estaban reprimiendo el consumo de alcohol en vía pública, algo falso: con miles de jóvenes bebiendo por toda la Casa de Campo, no se levantó ni un solo expediente por 'botellón'.

Además, todos los informes policiales fueron 'confeccionados' a posteriori. Para el dispositivo enviado al programa de Antena 3 'El Hormiguero' (al que acudió miles de se redactaron hasta cuatro órdenes de servicio los días 12 y 16 de noviembre, casi medio mes después de la tragedia.

Fuentes policiales desconocen por qué se llegaron a redactar hasta cuatro órdenes para un solo servicio, violando además la Norma sobre Elaboración de Órdenes, que prescribe que las tiene que firmar el propio inspector jefe, o alguien por orden de él: ninguno de los cuatro documentos cumple ese requisito. Los firma, todos, Francisco Callejón, jefe de la Unidad Central Operativa.

En la noche de los hechos, además, no había antidisturbios municipales disponibles porque los altos mandos no habían dispuesto esa posibilidad. Aún así, la versión oficial apunta a que la responsable policial de Moncloa no los solicitó, y por ello no fueron enviados. La realidad es que sus superiores no habían previsto esa posibilidad: los antidisturbios del Ayuntamiento fueron a pasearse al 'Hormiguero', y después 21 de ellos acudieron a su sede de Casa de Campo, justo al lado de Arena, para cambiarse e irse a su casa.

Eso fue hacia las 23.30 horas. Uno de ellos vio la zona tan cargada de 'botellón' y vacía de policías que preguntó si no había dotación prevista para esa noche: "No, esta noche no hay previstas UCS (Unidad Central de Seguridad, el nombre técnico)".

Monteagudo ha permanecido hasta hoy en su cargo pese a que tres concejales madrileños (Pedro Calvo, Miguel Ángel Villanueva y Luis de Guindos) y la plana mayor de Madrid Espacios y Congresos, la empresa pública gestora de Arena, están ya fuera del Ayuntamiento, o bien destituidos o bien dimitidos

El inspector jefe de la Policía Municipal de Madrid, Emilio Monteagudo, ha atribuido este miércoles a la oficial de la Unidad de Moncloa-Aravaca, Cándida Jiménez, la decisión de no intervenir en el 'macrobotellón' que se celebró en las inmediaciones del recinto Madrid Arena el día de la fiesta de Halloween y ha asumido la responsabilidad de haber dado "las instrucciones para que el servicio se hiciera correctamente" conforme a las normas municipales.

"Cada uno tiene que cumplir las normas y tomar las decisiones en el momento en que se está produciendo la situación a la que hay que reaccionar", ha aseverado el abogado de Monteagudo, Salvador Díaz, tras concluir el interrogatorio judicial al que ha estado sometido su cliente como imputado durante unas cinco horas.

Las preguntas se han centrado en conocer cuál fue el dispositivo policial que se montó y por qué no se evitó el botellón que se produjo a las afueras del pabellón y que, según el juez, tiene relación directa con la muerte de las cinco chicas.

Así, Díaz ha explicado que la trágica noche la Policía "tenía varias misiones que cumplir y la oficial prefirió dar cumplimiento a aquellas que consideraba prioritarias en lugar de las secundarias", como era el hecho de que miles de jóvenes estuvieran bebiendo en la calle a pesar de la Ley Antibotellón.

"Él asume la responsabilidad de haber hecho las normas y dar las instrucciones para que el servicio se hiciera correctamente y debidamente conforme a las normas", ha subrayado el letrado, quien acto seguido ha reseñado que su cliente "no estaba presente en el dispositivo" policial del Arena. "Hay que preguntar a quien estuviera ahí. Hablamos de cumplimiento de normas", ha dicho.

A preguntas sobre por qué se permitió que se incumpliera la Ley Antibotellón, ha insistido en que esta normativa municipal protege el descanso de los ciudadanos, que no haya ruido y la salud. "En Lago había unos cuantos jóvenes que no molestaban a nadie ni hacían ruido y no perturbaban a nadie. No generaban problemas de orden público en el recinto", ha apostillado.

Otras de las preguntas del interrogatorio se han centrado en la verificación de si hubo o no un cambio de nivel de riesgo medio a riesgo alto dadas las características del evento que se celebró con motivo de la fiesta de Halloween. Fuentes municipales han explicado que la calificación de riesgo depende de las características del edificio y que en el caso del Arena, el riesgo alto suponen 16 agentes y un oficial.

Los abogados de las acusaciones están convencidas de que ese cambio, que supuestamente se produjo de forma verbal ese mismo día a las 14.00 horas, nunca llegó a producirse.

En cambio, el letrado de Monteagudo ha insistido en que "hubo cambio de nivel", ya que "se aplicó la norma" en esa materia al haber un incremento de agentes y estar presente la oficial en referencia a Cándida Jiménez. De hecho, ha dicho que hubo un total de 18 agentes y que hubo momentos de la noche en los que había más de los que exige la norma en alusión al solape -cambio de turno-.

En esta línea, se le ha preguntado si Cándida Jiménez mintió al afirmar en un documento que había doce agentes -la misma cifra que mencionó el exdelegado Antonio De Guindos-. En este punto, ha dicho que ésta se refería a los que están en un sitio concreto y no a los itinerantes.

Sobre este aspecto, el abogado Ábdon Nuñez ha criticado que no haya sabido "aclarar el galimatías de fechas que hay en los documentos que consta en las actuaciones ni tampoco como se puede dictar un cambio de nivel de forma verbal cuando el reglamento exige que sea de forma escritas".

"Nos cabe la duda de que se hiciera ese cambio. Ni las dotaciones que había en ese momento de policías, ni el mando que no estaba en el sitio y la falta de un sargento nos lleva a pensar en ello. Hay tantas incorrecciones e irregularidades que creemos que no hubo cambio de nivel y que no hubo ningún tipo de previsión. Y, por tanto, esto es una falta de diligencia por parte del Ayuntamiento y la Policía municipal", ha aseverado Núñez.

Además, ha señalado que podría haber documentos falseados ya que hay escritos policiales "cuyas fechas y número de referencia no coincide", aludiendo a un documento de noviembre cuya referencia es anterior a otro de 2 de noviembre y abriendo la puerta a la comisión de un delito de falsedad documental.

"Hay algo que no está bien y se tendrá que aclarar. Las acusaciones estamos casi convencidas de que no hubo cambio de nivel. Nada de lo que sea ha hecho en ese documento de 6 de noviembre se ha echo de forma correcta. Habrá sido inventada para mandárselo a quien sea", ha agregado. Además, ha dicho que Jiménez será citada como testigo.

Por su parte, el abogado Felipe Moreno, que representa a la familia de la fallecida Rocío Oña, ha destacado que Monteaguado "ha lanzado balones fuera" y ha asegurado que el operativo lo tenía que montar Cándida Jiménez "porque es la jefe del distrito".