La Policía Nacional interviene 16 equipos falsos de diagnosis de vehículo

Agentes de la Policía Nacional han intervenido 16 equipos falsos de diagnosis de vehículo y han detenido al empresario encargado de comercializar estos equipos que, al estar fabricados con un software de baja calidad corrían el riesgo de desconfigurar los sistemas de seguridad, como el airbag.

En un comunicado, la Policía Nacional ha explicado que junto a los 16 equipos los agentes han intervenido 48 CDs que contenían software pirata de diferentes marcas de vehículos. Al empresario detenido, que era un profesional en el sector del automóvil, se le acusa de un delito contra la propiedad industrial.

La investigación comenzó hace varias semanas. En concreto, las pesquisas comenzaron cuando los agentes recibieron una denuncia en la que se informaba de la comercialización de falsificaciones de equipos de diagnosis en vehículos.

Estas máquinas realizan el chequeo en caso de fallo o avería en el vehículo y, al utilizar un software no original, podían causar desperfectos o desconfiguraciones en los sistemas de seguridad.

Tras varias gestiones, los agentes comprobaron que los aparatos eran almacenados en un taller en la localidad madrileña de Las Rozas. En la inspección del lugar, localizaron 16 máquinas de diagnosis falsificadas y 48 CDs que contenían software pirata de diferentes marcas de vehículos.

Estos equipos falsos de diagnosis, fabricados en China, usan un software no original y están fabricados con unos materiales de muy baja calidad, por lo que puede causar desperfectos y desconfiguraciones al no garantizar una comunicación correcta con el vehículo.

La Policía ha destacado que la utilización de este tipo de artículos falsificados no sólo implica una vulneración de los derechos de propiedad industrial, sino que supone poner en grave riesgo a los usuarios de los vehículos.

En concreto, estos equipos son especialmente peligrosos si se manipulan sistemas de seguridad como el airbag que puede llegar a provocar lesiones a los pasajeros.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del grupo XXIII de la Brigada Provincial de Policía Judicial pertenecientes a la Jefatura Superior de Policía de Madrid.