Abren expediente a 60 ertzainas por acceder a datos del caso del falso shaolín

El Departamento vasco de Seguridad ha abierto un expediente disciplinario a 60 agentes de las Unidades de Investigación Criminal (UIC) y Antiterrorista (DAI) por acceder a datos de la investigación sobre los crímenes del falso monje shaolín, según ha podido saber este periódico. Se trata del mayor expediente, el que ha afectado a más agentes, abierto hasta ahora en la Ertzaintza y, según otras fuentes, podría quedar en una falta leve, castigada con una sanción que va desde el apercibimiento hasta los cuatro días sin empleo ni sueldo.
El sindicato Erne denuncia que la dirección de la Ertzaintza ha emprendido una auténtica «caza de brujas» en el seno de la Policía autonómica con el objetivo de generar «miedo en el colectivo». En su opinión, este expediente masivo busca «ocultar la posible responsabilidad» del director de la Policía autonómica, Gervasio Gabirondo, «si la hubiera», en un delito de revelación de secreto al haber concedido varias entrevistas a medios de comunicación hablando sobre el caso cuando la jueza ya había decretado el secreto de las actuaciones.
El departamento, por su parte, aclara que «se ha abierto una investigación interna como paso previo al expediente» y «se han pedido explicaciones a todos los que han accedido a las actuaciones sin motivo». En realidad, el número de agentes que han consultado las pesquisas sobre el caso supera el centenar, aunque sólo 60 no estaban directamente implicados en las indagaciones.
El doble crimen de Ada Otuya y Yenny Revollo, cometido presuntamente por Juan Carlos Aguilar Gómez, está siendo investigado por la UIC, que se encarga de los casos sin autor conocido o de especial gravedad, en lugar de la comisaría. También ha intervenido Afis, la unidad de Policía Científica, que durante días ha recogido evidencias en el gimnasio Zen4 donde supuestamente se cometieron los asesinatos y Yenny fue descuartizada, y está examinando las fotos que el detenido tomaba de las víctimas y en las que salían otras chicas.
La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao, muy molesta con las informaciones que estaban saliendo en los medios de comunicación, dedujo testimonio por entender que se habían revelado datos que afectaban a las indagaciones. Por reparto, la causa ha caído en el Juzgado de Instrucción número 7, que podría archivarla o iniciar una investigación al respecto.
Gran «revuelo»
La apertura del expediente ha generado un gran «revuelo» y «enfado» en las unidades de élite de la Ertzaintza, ya que la consulta de las actuaciones policiales es una práctica habitual. Por ejemplo, cuando se produce un atraco en una localidad, los agentes de investigación de otras comisarías consultan datos como en qué vehículo ha huido el sospechoso. Esa información se pasa después a las patrullas para que estén alerta y puedan detener al sospechoso.
Cada ertzaina dispone de una clave con la que puede acceder al ordenador de la Ertzaintza. Hay distintos niveles de accesibilidad. Un patrullero, por ejemplo, no podría ver las actuaciones de la UIC. Algunos casos, que se consideran especialmente sensibles, quedan restringidos. La entrada en la base informática queda registrada, por eso el departamento sabía qué personas ajenas a la investigación directa habían 'curioseado' en las diligencias que está practicando la Unidad de Investigación Criminal.
«Que miren datos no significa que luego los hayan filtrado, no hay ninguna evidencia de que un ertzaina haya revelado esas informaciones», advierten desde la central. Erne propone que «se capen» esas actuaciones para que sólo puedan verlas quienes trabajan en ellas o que la dirección de la Ertzaintza saque una instrucción al respecto. A juicio del sindicato, esta amenaza que ha creado malestar en la Ertzaintza va a tener un efecto en el trabajo -«no se van a atrever a mirar datos»- y puede afectar a la lucha contra la delincuencia. La central advierte de que si el expediente concluye con sanciones disciplinarias provocará que «los ertzainas no tomen ninguna iniciativa en esta empresa».
Cuando se sospecha de una posible infracción interna, el jefe del servicio, en este caso los responsables de los grupos de investigación, piden a los ertzainas afectados un informe en el que den una explicación. Si la falta se considera grave interviene la unidad de Asuntos Internos, DIG. En caso de que el castigo no supere los cuatro días, queda en la comisaría. Cuando el expediente administrativo interno avanza, el agente tiene que ir a declarar a la macrocomisaría de Erandio, donde tiene su base la DIG.