Los tres presuntos asesinos del inspector de Policía Eduardo Puelles se niegan a participar en el juicio

La viuda de Puelles critica que se habla mucho de derechos humanos, pero "aquí derechos sólo los tienen los asesinos"
MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -
Los etarras del 'comando Otazua' de ETA Íñigo Zapiraín, Beatriz Etxebarría y Daniel Pastor, presuntos autores del asesinato, en junio de 2009, del inspector de la Policía Nacional Eduardo Puelles, se han negado a participar este martes en el juicio que se sigue contra ellos en la Audiencia Nacional, al no reconocer la legitimidad del tribunal.
Los tres procesados, desde la sala blindada de la sala, se han dirigido al tribunal en castellano y, en concreto, Beatriz Etxebarría, ha denunciado los malos tratos que presuntamente sufrieron los etarras en sede policial tras su detención el 1 de marzo de 2011.
Ante el tribunal de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que preside el magistrado Alfonso Guevara, ninguno de los tres etarras ha contestado a las preguntas que sí han sido formuladas por parte de la Fiscalía y las acusaciones, que conforman la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y el Sindicato Profesional de Policía (SPP), personado como acusación popular y particular en nombre de la viuda y los hijos del inspector asesinado por ETA.
Tampoco las defensas de los presuntos autores del asesinato del inspector Eduardo Puelles han hecho uso de su derecho a interrogar a sus defendidos. En cambio, la viuda de Puelles, Francisca Hernández, ha dicho que: "Mi vida no es vida". Así de tajante ha respondido Hernández al ser preguntada sobre en qué ha cambiado su vida tras el asesinato de su marido a manos de ETA.
"Mi vida ha cambiado totalmente. Yo tenía una vida normal", ha agregado, para después añadir que "siempre se habla de los Derechos Humanos (DDHH)" y que, a su juicio, "aquí derechos sólo tienen los asesinos". Sobre el atentado, Francisca Hernández ha relatado que oyó la "explosión" y ha añadido que "en seguida" se dio cuenta "de que era él, por el tiempo transcurrido" desde que Puelles bajó de su casa a las 8.55 horas, hasta el momento de la explosión a las 9.05 horas.
La viuda de Puelles ha explicado que bajó de inmediato y llegaron los bomberos. "Cuando me llevaron de allí, el coche seguía ardiendo y nadie había apagado el fuego", ha destacado, al tiempo que ha señalado que no le dejaron acercarse y que recuerda en el lugar de los hechos a varios cargos públicos municipales del PNV. La vista de este martes ha concluido con esta declaración y se reanudará mañana.
DECLARACIONES POLICIALES
Por su parte, los siete funcionarios de la Policía Nacional sí han prestado declaración ante el tribunal y han ratificado el contenidos de los atestados y de las actas de inspección que se realizaron en relación con los hechos.
Así, han explicado que se personaron en el lugar de los hechos tras una llamada de "emergencia" recibida informando de que se había producido una "explosión" en el barrio de La Peña. Al llegar a la zona del siniestro, los agentes, según han confirmado, comprobaron que había varios vehículos "ardiendo" y dos testigos, un "matrimonio", propietario de uno de los vehículos afectados.
En relación con el lugar del atentado, han sostenido que se trataba de una zona asfaltada y "aislada", rodeada de mucha vegetación alta por la proximidad a la ribera del río Nervión, con "una única entrada y salida de vehículos". En el lugar se encontró un "cráter" en la vía pública, consecuencia de la explosión.
Según han precisado los funcionarios de Policía, el vehículo del inspector Eduardo Puelles estaba "totalmente destrozado" y, además, su eje trasero "partido", lugar donde los etarras colocaron el explosivo, junto al "depósito de gasolina". No se pudieron extraer huellas, dada la "temperatura" alcanzada en la explosión.
"FORMALIDADES LEGALES"
También, han declarado agentes de la Guardia Civil que participaron en las detenciones, los registros y la toma de declaración de los etarras. Así, han asegurado que todo el proceso se llevó a cabo con las "formalidades legales" y que los procesados firmaron sus declaraciones "voluntariamente". Igualmente, uno de los agentes ha señalado que Daniel Pastor tuvo "dos intentos de autolesión" en sede policial y ha recordado Lorena López Díez, novia de uno de los acusados, se negó a declarar y, "por su puesto, no declaró".
Los abogados de oficio que asistieron en un primer momento a Zapirain y Etxebarría han asegurado que no observaron que hubiera habido maltrato, que se firmaron de conformidad las declaraciones y que antes de las mismas pudieron hablar con los procesados "sin problemas" y sin "ningún tope".
De igual modo, la Guardia Civil ha sostenido que en los registros practicados se hallaron material explosivo, detonadores e iniciadores de artefactos lapa, armas e, incluso, documentación falsa de Daniel Pastor y han indicado que el "relato" de los hechos de Zapirain y Etxebarría en sede policial es "inicialmente coherente". Etxebarría realizó, incluso, un "croquis" del lugar del atentado.
Según han recalcado los agentes, ambos manifestaron que anotaron las matriculas de los vehículos ubicados en la inmediaciones de la comisaría de Indautxu (Bilbao), que con anterioridad al atentado perpetrado contra Puelles colocaron otro explosivo en un Opel Astra gris, que conducía también el inspector, que no llegó a explosionar y que el día de los hechos, el artefacto fue colocado por Zapirain, siendo ayudado por Pastor. También reconocieron su pertenencia a ETA y haber participado en "varios" atentados con coche-bomba.
En su escrito provisional de acusación, la fiscal de la Audiencia Nacional Ana Noé solicita que los tres acusados sean condenados a 45 años de cárcel por la comisión de un delito consumado de asesinato terrorista contra miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y un delito de estragos terroristas, así como la prohibición de residir en Bilbao durante un periodo de diez años una vez que haya finalizado su condena.
Por último, respecto a la responsabilidad civil de los imputados, la Fiscalía solicita que los procesados indemnicen conjunta y solidariamente a la viuda de Puelles, Francisca Hernández y Sotelo, con 200.000 euros y a cada uno de sus hijos con 150.000 euros. Eduardo Puelles, inspector de la Brigada de Información y responsable del seguimiento a terroristas, es hasta la fecha la última víctima asesinada por ETA en el País Vasco.