Andalucía no pagará la extra a sus funcionarios haga lo que haga Rajoy

El bipartito asume el riesgo de que los funcionarios de la Junta de Andalucía sean los únicos en España que se queden sin paga extra. Lo ha aclarado este martes el portavoz del Gobierno andaluz, el socialista Miguel Ángel Vázquez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado en el Palacio de San Telmo. Ha afirmado que, aunque el Consejo de Ministros no suprima la extra de julio, el Ejecutivo de PSOE e IU "mantendrá su hoja de ruta".

"Si el Gobierno de la Nación repite la jugada del año pasado y elimina una de las pagas extra, pues como en 2012 la Junta no aplicará lo que tiene recogido su plan económico financiero. Si el Gobierno decide pagarla, pues la Junta mantendrá su hoja de ruta, porque está hecha para salvar 30.000 puestos de trabajo", ha respondido el portavoz de Griñán a preguntas de los periodistas.

Según Vázquez, la Junta aprobó en 2012 su plan económico financiero de reequilibrio "para salvar empleo público" por la aplicación obligatoria de las 37,5 horas de jornada laboral, para lo cual decidió "repartir el esfuerzo" entre todos los empleados autonómicos.

"La manera de mantener a 30.000 empleados públicos sin despedir a nadie era recortar un poco las pagas extras, eliminar el complemento adicional de las pagas de julio y diciembre", asegura el portavoz del Gobierno andaluz.

"Entendemos que un sacrificio compartido se hace mucho más llevadero que poner a 30.000 personas en las puertas de los servicios de empleo", ha insistido Vázquez para descartar por completo el abono de la extra para los funcionarios andaluces.

Todo lo más ocurriría lo mismo que en 2012, siempre y cuando el Gobierno de España decretara la eliminación de la paga: "La Junta, para no castigar o penalizar dos veces a sus funcionarios, retiró para ese año su medida, que era de menor gravedad y lesionaba menos los intereses económicos de los empleados públicos, porque la del Gobierno de la Nación era mucho más fuerte". Este año esa 'gravedad' la asumirán en exclusiva los funcionarios de la comunidad autónoma andaluza.