El Defensor del Pueblo denuncia que hay redadas indiscriminadas de inmigrantes

Olga R. Sanmartín

Hace un año, la Dirección General de la Policía emitió una instrucción (la circular 2/2012) en la que expresamente prohibía a sus agentes las redadas masivas e indiscriminadas de inmigrantes en situación irregular. Pero estas actuaciones policiales se siguen produciendo hasta el momento, tal y como ha constatado el Defensor del Pueblo.

En un documento al que ha tenido acceso ELMUNDO.es, este organismo explica que “ha continuado recibiendo escritos de ciudadanos en los que se concreta la fecha, la hora y el lugar en los cuales se han detectado controles de identificación basados en perfiles étnicos o raciales”.

Lo han denunciado también, por otro lado, las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos, que, en su último informe, señalan que han recibido 255 quejas en este sentido desde que la Dirección General de la Policía emitió la circular, el 16 de mayo de 2012, hasta el pasado mes de noviembre.

El Defensor del Pueblo ha tenido que emitir una serie de nuevas recomendaciones a la Dirección General de la Policía, dependiente del Ministerio del Interior, con el fin de evitar controles basados en perfiles étnicos y raciales.

En un escrito, la institución que tiene al frente a Soledad Becerril pide que el Cuerpo Nacional de Policía establezca “el uso sistemático” de formularios de identificación y registro en los que conste “la etnia, raza y/o nacionalidad de la persona sometida al control de identidad”, así como el motivo de la detención.

También pide que se elabore un “manual de procedimiento” sobre el uso de estos formularios dirigido a todos los policías.

Los agentes no están obligados actualmente

Actualmente, los agentes no están obligados a cumplimentar ningún formulario. Los colectivos sociales creen que, si se les obliga a hacerlo, se podrá medir “con precisión y de forma objetiva” si la Policía está discriminando o no en sus detenciones.

En Reino Unido, de hecho, se utilizan formularios de este tipo, y también lo viene haciendo desde 2008 la Policía Local de Fuenlabrada (Madrid), pionera en toda España por sus programas contra la discriminación y la xenofobia.

El Defensor reclama, asimismo, que, a partir de los datos obtenidos en estos formularios, se elabore “un sistema estadístico de recopilación y seguimiento”.

Además, demanda a la Dirección General de la Policía que proporcione a los funcionarios “formación específica en materia de diversidad cultural y capacitación sobre la forma de llevar a cabo controles de identidad con arreglo al principio de igualdad y la prohibición de discriminación”.

Los agentes ya reciben una formación general en materia de derechos humanos, pero organizaciones como Amnistía Internacional la han considerado insuficiente. La petición del Defensor iría más allá: no es sólo instruirles sobre derechos humanos, sino sobre diversidad cultural y maneras de identificar a los ciudadanos.

Por último, el organismo pide que se constituya un mecanismo de reclamaciones encargado de recibir quejas individuales sobre “posibles discriminaciones” por parte de los agentes.

‘Racismo policial’

“Estas recomendaciones del Defensor del Pueblo son muy importantes porque muchas instituciones, tanto nacionales como internacionales, han llamado la atención a España por racismo policial“, ha valorado a ELMUNDO.es Cristina de la Serna, portavoz en España de Open Society Justice Initiative, una organización internacional que trabaja contra la discriminación.

De la Serna ha considerado que “es la primera vez que se hacen unas recomendaciones tan detalladas, que, además, van al origen del problema, porque establecen mecanismos concretos para prevenir o evitar el sesgo discriminatorio en las actuaciones policiales”.

El Defensor del Pueblo ya realizó recomendaciones en esta línea el año pasado, aunque de una forma más general. Cuando la Dirección General de la Policía dictó su instrucción en mayo, dio por cerradas sus actuaciones. Ahora las ha vuelto a abrir, a la vista de las nuevas quejas de los ciudadanos.

Fuente. elmundo.es