Presentada la futura Ley de Seguridad Privada

El Gobierno ha analizado el Anteproyecto de Ley de Seguridad Privada que tiene, entre otros objetivos, impulsar la coordinación y cooperación entre los sectores de seguridad privada y pública y abrir a este último la posibilidad de prestar nuevos servicios no recogidos en la normativa actual.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado que la norma pretende "adaptar nuestra seguridad privada a los nuevos tiempos" y fijar una regulación integral de todo el sector "en términos más completos y adecuados a las actuales exigencias".

Por su parte, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha informado de que la nueva normativa regulará adecuadamente uno de los sectores con mayor auge empresarial en España, que facturó 3.600 millones de euros en 2011 y empleó a 90.000 personas.

La futura ley, según el ministro, pretende adaptar la normativa anterior, que data de 1992, para acomodarla al entorno tecnológico actual y tiene como fin regular el sector de manera integral para que "la seguridad privada quede establecida como una actividad subordinada, complementaria y coordinada con la seguridad pública". Para ello se establecen mecanismos intensos y eficaces para que la colaboración entre ambas quede garantizada.

Fernández Díaz, ha explicado que, para acabar con el intrusismo, la norma establece graves sanciones que pueden suponer el cierre de las empresas que infrinjan la normativa. Además, regula el acceso de las empresas de seguridad privada a la prestación de nuevos servicios y mejora la regulación de los existentes. Entre estos servicios, el ministro ha citado los de videovigilancia privada dentro de los inmuebles, la gestión y respuesta de alarmas y la vigilancia perimetral de prisiones bajo la dirección de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La empresas de seguridad, los despachos de detectives y las empresas de formación se inscribirán en el Nuevo Registro de Seguridad Privada. La nueva ley incrementa, además, el control sobre la actividad de los detectives privados, que tendrán nuevas obligaciones como documentar los encargos en un contrato escrito y elaborar un informe donde constará el cliente, el encargo, los medios utilizados y los resultados obtenidos y que estará en todo momento a disposición del Ministerio del Interior.

El ministro del Interior ha asegurado que las investigaciones privadas tendrán carácter reservado y sólo se pondrán en manos del cliente que las encargó o de los órganos judiciales si lo solicitan.