Imputan a un exedil de Vélez Rubio y tres policías locales por amañar presuntamente oposiciones

Un juez ha ordenado incoar procedimiento abreviado contra el exconcejal socialista de Hacienda y Personal de Vélez-Rubio (Almería) y dos mandos de la Policía Local, a quienes achaca haber maniobrado presuntamente para que el sobrino carnal del exconcejal, también imputado, pudiese acceder a una plaza en este cuerpo en 2010 mediante la elección de los integrantes del tribunal y un supuesto "cambiazo" del examen una vez se encontraba en un sobre sellado, a la espera de ser corregido.El auto, al que ha tenido acceso Europa Press, da traslado de las actuaciones al fiscal y al resto de partes personadas en la causa por presuntos delitos de prevaricación, falsedad, infidelidad en la custodia de documentos, tráfico de influencias y omisión del deber de perseguir delitos, para que formulen acusación y soliciten apertura de juicio oral, o en caso contrario, interesen el sobreseimiento de la causa contra Gea, y su sobrino D.R.G.L, así como contra el jefe y el subjefe de la Policía Local, M.L.S. y J.G.G.La investigación penal se inició después de una denuncia en la que un opositor alertaba de que los folios del examen "podrían estar amañados" y aseguraba haber visto como la persona que había aprobado hacía "tachaduras" en los folios, tachaduras que no estaban cuando fue a revisar el examen.Según el instructor, el exedil socialista, quien ocupó el cargo entre 2003 y 2007, "desde su posición de jefe directo" de los miembros del tribunal, fue el "muñidor" de un proceso de oposición "dirigido" para que "aprobase su sobrino carnal" y se "prevalió" de su posición de jefe de todos para, "influyendo en ellos, conseguir un beneficio a favor de su sobrino". Así, señala que estos fueron elegidos por él "en atención a su dependencia jerárquica" y que, "paralelamente a la oposición para cubrir plaza de policía local", dos de ellos, M.L.S. y J.G.G., "ascendieron profesionalmente por decisión del Ayuntamiento" hasta ser designados jefe y subjefe de este cuerpo.En esta línea, el juez detalla en el auto que, en 2007, el entorno familiar del primero se vio "beneficiado" por la inclusión en el PGOU de unos "terrenos diseminados" que, con anterioridad a esa fecha, "no tenían la consideración de urbanos". Por otro lado, en 2006, la esposa de J.G.G. construyó una casa de aperos de 20 metros cuadrados con balsa de riego que, a la postre, según el magistrado, "resultó ser una casa unifamiliar con chimenea, varias habitaciones, dotada con pista polideportiva y mesa de ping-pong, así como piscina de lujo con espacio adyacente acondicionado para tumbonas y usos lúdicos".La resolución indica, asimismo, que "hay indicios para pensar" que fue Diego Gea quien "dijo a su sobrino donde estaban los exámenes y cuándo podía acudir a dar el cambiazo". Para el magistrado resulta claro que D.R.G.L. "por si solo, no podría saber" ni cuando acudir al Ayuntamiento "sin ser descubierto", ni donde estarían los exámenes. "Esta ayuda se la debió prestar su tío que, no en vano, había sido el muñidor de toda la apariencia legal con el fin de dejarlo con un empleo vitalicio".Considera, en esta línea, que el exconcejal "era conocedor" de que "había sido condenado por delito doloso" y de que, "ni siquiera cumplía" los requisitos "para tomar en el proceso selectivo" y le achaca, asimismo, haber incurrido en presunto tráfico de influencias para conformar el resto del tribunal al elegir a las personas "más frágiles, por dependencia, y más dóciles y permeables sus peticiones" por ocupar puestos de libre designación.SOBRINO DEL CONCEJALCon respecto a D.R.G.L., quien habría superado "ilegítimamente" la oposición, apunta el juez, en base a informes periciales que concluyen que hay "indicios de manipulación o cambio en su examen", que fue él quien supuestamente acudió al despacho del secretario del Ayuntamiento y, una vez encontrado el sobre donde se custodiaban los exámenes, "lo abrió e introdujo un quinto folio del examen, acción que vulgarmente podía ser llamada 'dar el cambiazo".Le reprocha, asimismo, que "aceptó" el nombramiento para cargo público "a sabiendas" de que no reunía los requisitos al tener antecedentes penales no cancelados y que, además, presentó una solicitud en que, "de su puño y letra y con su firma", decía reunirlos. "Tales manifestaciones mendaces son constitutivas de un delito de falsedad ya que simula no tener antecedentes penales y falta clamorosamente a la verdad, de forma fraudulenta y en perjuicio del resto de opositores".MANDOS POLICIALESEn el caso del jefe de la Policía Local, el auto recoge que "en ningún momento" realizó actuación alguna para descubrir el delito, "ni puso en conocimiento del juez o del fiscal" la comisión de "algo tan grave" como la "sustracción de documentos al secretario municipal en su propio despacho". Concluye que la explicación es que "era conocedor de que había habido un cambio de folios del examen y trató de ocultar ese hecho porque participaba de forma activa en el por la influencia del concejal de personal y tío del opositor".El magistrado sostiene, asimismo, que el supuesto atestado que elaboró a raíz de la denuncia del secretario del Ayuntamiento no fue elaborado en la fecha en la que esta datado "sino que se hizo exprofeso cuando se inicia el proceso penal y para crear apariencia de que se había hecho algún tipo de actuación cuando, en realidad, nunca se hizo". "Cometió presuntamente la falsedad documental para intentar ocultar el delito de omisión del deber", apuntilla.Al subjefe de la Policía Local le imputa en los mismos términos que a M.L.S. el no haber perseguido ni investigado lo denunciado por el secretario municipal y, al igual que al jefe, le acusa de haber ratificado la nota del examen después de que este fuera impugnado siendo "conocedor" de que el sobre donde se custodiaban los exámenes "había sido manipulado" y de que, por tanto, esa acción "era injusta y arbitraria"."El hecho de intentar evitar que la denuncia del secretario llegase al juzgado o fuese de conocimiento público está directamente relacionado con la comisión de este supuesto delito de prevaricación ya que tratan de evitar que se investigue quién y como cambió los exámenes, cosa que conocen, para así, poder mantener a toda costa el aprobado del sobrino del edil", concluye.(EuropaPress)
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