Desestiman la querella contra Cifuentes por identificar y multar a manifestantes del 27-O

La querella presentada por IU contra Cristina Cifuentes por "identificaciones indiscriminadas" y sanciones a manifestantes durante la protesta del 27 de Octubre ha sido desestimada. El auto dictado por el Juzgado de instrucción número 25 de Madrid "desestima la querella por no ser los hechos objeto de la misma constitutivos de infracción penal". Izquierda Unida ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid.

En el auto se detalla que "la manifestación no fue comunicada (...)" y que debido a esto "parece indiscutible que produjo una seria alteración o perturbación del orden público, impidiendo la normal utilización de las vías y espacios públicos". Señala que, según el artículo 1 de la L.O.1/92 de 21 de febrero, "corresponde al Gobierno, a través de las Autoridades y de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad a sus órdenes, proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades (...), añadiendo el artículo 20 que los agentes de la autoridad podrán requerir en el ejercicio de sus funciones de indagación o prevención, la identificación de personas".

Con respecto a las sanciones, que según la querella de IU, llegaron días más tarde a muchos de los asistentes, el auto dice que "sólo se identifica un expediente" de este tipo.

Entre las conclusiones del texto se incluye que "no existen indicios de que la Policía identificara a personas ajenas a la manifestación, ni de que hubieran recibido una orden semejante por parte de la querellada".

Defiende que "tanto las identificaciones que, según la querella, realizó la Policía, como la posterior iniciación de expedientes sancionadores a personas que, según dicho escrito, participaron en la manifestación, no carecen de justificación razonable, siendo factible la interpretación de las normas efectuada por la querellada".

'Rodea el Congreso'

El pasado 27 de octubre miles de personas reclamaron un proceso constituyente ante la "estafa" del sistema en una marcha que discurrió por la Gran Vía madrileña convocada por el movimiento 'Rodea el Congreso'.

La marcha, que no fue comunicada a la Delegación del Gobierno, transcurrió con tranquilidad, vigilada por decenas de agentes de la Policía Nacional. La Coordinadora 25-S la calificó de "éxito". Un día después la delegada madrileña anunciaba que la policía había identificado a unas 300 personas.

Fueron los diputados Ricardo Sixto y Alberto Garzón los encargados de entregar la querella contra la delegada del Gobierno en los juzgados de Plaza de Castilla el diciembre pasado. Ambos manifestaron en ese momento que Cifuentes podría haber cometido delitos contra la administración pública, de falsedad documental, contra la Constitución y prevaricación, señalando que "miles de ciudadanos se manifestaron de forma pacífica".

Sixto denunció que tanto asistentes a esa protesta como "ciudadanos que pasaban por ahí fueron identificados". Con posterioridad, la delegación del Gobierno les notificó la apertura de un expediente sancionador por asistir a una protesta "ilegal".

En la querella, IU recordaba que no hay precepto legal que ampare esta razón, ya que "en ningún caso una manifestación no comunicada equivale a ilegal". En este sentido, el escrito denunciaba la existencia en Madrid de "un plan previamente diseñado para identificar y sancionar a miles de ciudadanos críticos con el Gobierno y sus medidas".