CSIF-A alerta de que encargar a personal privado la vigilancia exterior de las cárceles "pone en peligro la seguridad"

El sector de Instituciones Penitenciarias del sindicato CSIF-A se ha mostrado este viernes contrario a que el Gobierno autorice la contratación de personal privado para vigilar el exterior de las prisiones, ya que esa medida, en su opinión, "pone en peligro la seguridad" de las cárceles.
El sector de Instituciones Penitenciarias del sindicato CSIF-A se ha mostrado este viernes contrario a que el Gobierno autorice la contratación de personal privado para vigilar el exterior de las prisiones, ya que esa medida, en su opinión, "pone en peligro la seguridad" de las cárceles.En una nota, el sindicato ha tachado de "error" esta decisión que, según lamenta, el Gobierno ha aprobado a través de una orden "de manera unilateral" y "desoyendo las recomendaciones y advertencias realizadas por los representantes de los empleados públicos de los centros penitenciarios".Según recuerda CSIF-A citando el artículo 63 del Reglamento Penitenciario, hasta ahora la seguridad del exterior de las prisiones "depende de la Guardia Civil y la Policía Nacional", y aunque "el Gobierno mantiene que el personal privado será un refuerzo a los componentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", el sindicato entiende que esta orden implica "una sustitución por la puerta de atrás" de dichos efectivos.Para esta organización, "sustituir un agente de la autoridad por un trabajador privado pone en grave riesgo la seguridad al eliminar el carácter disuasorio que suponen los agentes; supone incluir trabajadores ajenos a la institución, y, por ende, sin ningún tipo de capacitación ni preparación, dentro del centro en contacto con la población reclusa".Además, CSIF-A ha culpado al Ejecutivo de "imponer" esta medida "con nocturnidad y alevosía", ya que, según ha apostillado, "no existe ninguna comunicación al efecto a los trabajadores", de forma que "cualquier día de abril, sin saber cómo ni cuándo, habrá dos vigilantes jurados en el control de acceso" de las cárceles.Por todo ello, la organización sindical, tras subrayar que los centros penitenciarios son "las instalaciones del Estado destinadas a albergar personas que requieren del máximo nivel de seguridad, más incluso que un juzgado", ha exigido a la Administración que "explique la aplicación de esta peligrosa medida que afecta a todo el régimen penitenciario".(EuropaPress)
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