La Guardia Civil envía coches camuflados para intentar frenar los robos en el campo

Las conclusiones que sacaron ayer los alcaldes de treinta municipios del suroeste de la provincia después de dos horas de reunión para tratar la proliferación de robos en el campo fueron más que simples: «Aquí lo que hace falta es que destinen a más efectivos a vigilar nuestras tierras y que cambien las leyes de una vez para que los autores vayan a la cárcel», espetó el regidor de San Román de Hornija, Ernesto del Palacio (PP), a la mesa presidida por el subdelegado del Gobierno, José Antonio Martínez Bermejo; el delegado de la Junta, Pablo Trillo-Figueroa, y el comandante de la Guardia Civil Javier Peña.
Los representantes de los pueblos de la comarca de Tordesillas recuerdan con cierto anhelo la presencia hace dos años de los efectivos del Grupo Rural de Seguridad (GRS) en esta parte de la provincia. «Aquí lo único cierto es que cuando vinieron los agentes de negro –por el uniforme que luce esta unidad con sede en León– bajaron los robos y que en cuanto se fueron volvieron a subir», resumió el alcalde de Villalar de los Comuneros, Luis Alonso (PSOE). Eso, a su juicio, «demuestra que sí existe una carencia de efectivos».
¿Y volverán los 'agentes de negro'? Pues el subdelegado del Gobierno, José Antonio Martínez Bermejo, reconoció que han solicitado a Interior que destine a una unidad del GRS –los antidisturbios de la Guardia Civil– para reforzar los controles en las explotaciones agrarias. «Está claro que cuando vienen se obtienen resultados, y por eso se ha pedido, aunque eso no significa que tengamos una carencia en la plantilla», matizó el propio subdelegado.
Control en las chatarrerías
Y, de hecho, el comandante Javier Peña señaló que la Benemérita ha desviado efectivos de otras unidades para destinarlos a vigilar e investigar los robos en el campo. Tanto es así que ahora mismo tienen «vehículos camuflados involucrados en labores preventivas» y apostados en las explotaciones agrarias para intentar frenar los asaltos. «Eran agentes encargados de otras tareas y su presencia está dando muy buenos resultados», destacó el segundo jefe de la Comandancia, quien añadió que también han puesto en marcha una base de datos, similar a la que existe en los hoteles para controlar a los huéspedes, «pero aplicada a conocer los asientos contables y los movimientos que realizan las chatarrerías para intentar detectar cualquier compra del material sustraído que acabe en estos negocios».
Y sobre la necesidad de controlar precisamente a los receptadores del cobre, los aperos o el gasoil robado en el campo incidieron los afectados. «Hay que dar un escarmiento a la gente que compra lo que nos quitan y sancionarles con multas fuertes o con el cierre de sus negocios», reclamó el regidor de Castronuño, Epifanio Modroño (PSOE), quien también considera necesario que «los antidisturbios hagan alguna que otra batida cada mes por esta comarca».
En cuanto a la necesidad de incrementar las penas de los propios ladrones, algo que pidieron los ediles y que también vieron necesario los políticos, el primer edil de Villanueva de Duero, Edilberto Ruiz (IU), se preguntó si «nos tienen que quitar treinta veces lo mismo, y los mismos, para que vayan a la cárcel». En este sentido, el subdelegado recordó que «se está intentando cambiar la ley para que la reincidencia pese a la hora de enviar a los ladrones a prisión» y desveló que mantuvo un encuentro recientemente con la fiscal jefe, Esther Pérez, en la que esta se comprometió «a intentar pedir la calificación de delito en casos de robos en las explotaciones agrarias».
Los treinta alcaldes que ayer acudieron a la reunión celebradas en las Casas del Tratado de Tordesillas, y que representan a una población superior a las diez mil personas, coincidieron en destacar que los vecinos de sus municipios tienen cada vez «más miedo» a ser víctimas de algún robo, no solo en sus explotaciones, sino también en sus propias viviendas. «Yo veo que la gente de mi pueblo tiene miedo, sobre todo en el caso de las personas más mayores, y en cuanto ven a alguna persona rara llaman al Ayuntamiento», reconoció la edil de Torrelobatón, Natividad Casares (CI).
Temporada alta
La concejala de Torrecilla de la Abadesa Esther Rodríguez (PP) también reclamó más presencia de la Guardia Civil y recordó que en su localidad «suelen empezar los robos en enero y se prolongan hasta marzo, más o menos, cuando los agricultores vuelven a estar más tiempo en el campo».
Y es que las víctimas de la mayoría de los cientos de robos que se acumulan en los últimos meses en el suroeste de la provincias son precisamente los agricultores. Uno de ellos, Alberto Cano (Asaja), fue más allá y lamentó que «aquí llevamos más de diez años soportando millones de euros de pérdidas por culpa de los continuos robos del cable de nuestros sistemas de riego o de los transformadores y del gasóleo».
Tanto es así que el alcalde de San Román de Hornija, Ernesto del Palacio (PP), advirtió de que «si esto sigue así, y no se cambia la ley de una vez, en diez años puede que no quede ya nada en nuestros campos».