Las asociaciones de transportistas contra el Gobierno catalán por autorizar más peso

Las federaciones nacionales de transportistas acuerdan llevar a los Tribunales al Gobierno de Cataluña por su intención de permitir en sus carreteras la circulación de camiones con mayor tonelaje.
La normativa catalana pretende romper la unidad de mercado en el transporte por carretera en España.

Las federaciones nacionales de transportistas han debatido este martes 18 de Diciembre, en la reunión mantenida en el Ministerio de Fomento, la Resolución normativa aprobada por el Gobierno de Cataluña, y pendiente de publicación en el Boletín Oficial, por el que se autoriza la circulación por las carreteras catalanas de camiones con mayor tonelaje (44 toneladas de masa máxima) al permitido en el resto de España (40 toneladas).

Dicha medida unilateral adoptada por el Gobierno catalán supone vulnerar el principio de unidad de mercado consagrado en la Constitución Española así como el reparto competencial en materia de pesos y dimensiones de los vehículos de transporte que corresponde en exclusiva al Estado.

La normativa catalana establece que la nueva regulación sobre tonelaje admitido será controlada exclusivamente por la Policía de la Generalitat aunque la circulación de los camiones se realice sobre carreteras de titularidad estatal. La normativa permite que cualquier camión, que sea de categoría Euro IV o superior y con cabeza tractora de 2 o 3 ejes y semirremolque de 3 ejes y que se inscriba en un Registro creado al efecto, podrá transportar 44 toneladas de carga de cualquier clase de mercancía sin limitación de recorrido si el lugar de carga o descarga es una terminal ferroviaria, aérea o marítima situada en Cataluña. En el resto de los transportes, la distancia máxima permitida será de 150 kilómetros.

Ante el impacto negativo que dicha medida supondrá para el sector del transporte por carretera en España, las federaciones nacionales de transportistas han acordado plantear una batalla judicial ante los Tribunales para conseguir su derogación por romper la unidad del mercado del sector