(#Consulta) casos de negativa a la prueba de alcoholemia

En contestación a lo interesado en su escrito de 13 de pasado mes de diciembre, le comunico la contestación que ha facilitado la Subdirección General de Legislación a las consultas contenidas en el citado escrito sobre el procedimiento a seguir en las pruebas de alcoholemia en los tres casos siguientes: 

1º. Imposibilidad física derivada de la propia intoxicación. 

2º. Cuando alega enfermedad o dolencia que le imposibilita pero no lo acredita. 

3º. No puede o finge que no puede efectuar la prueba de aire espirado. 

Le participo lo siguiente: 

1º.IMPOSIBILIDAD FÍSICA DERIVADA DE LA PROPIA INTOXICACIÓN. 

En el primer caso, es decir, cuando la imposibilidad derivada de la propia intoxicación, esta Subdirección considera que dicha conducta puede entenderse como un "síntoma evidente de conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas a que se refiere el párrafo primero del artículo 24 del R.G.C., debiendo conducir al sometido a examen al Juzgado correspondiente a los efectos que procedan según dispone el punto tercero del citado artículo. 

Dicha disposición reglamentaria, tiene su fundamento en lo dispuesto en el artículo 12 de la L.S.V. 

2º.CUANDO ALEGA ENFERMEDAD O DOLENCIA QUE LE IMPOSIBILITA, PERO NO LO ACREDITA. 

En el segundo caso, es decir, cuando la imposibilidad proviene de una enfermedad o dolencia con independencia de que resulte evidente o no, que lo alegue o sea apreciado por el Agente y de que pueda probarlo o no, esta Subdirección entiende que procede su evacuación a un Centro Médico para realizar lo dispuesto en el artículo 22.2 del R.G.C. 

Dicho artículo aunque parece más orientado al caso del accidentado, también recoge los supuestos de "dolencias y enfermedades" y tiene su fundamento legal en lo dispuesto en el artículo 12 de la L.S.V. 

El proceso de traslado al centro Médico debe ser un acto voluntario y libre pudiendo el interesado negarse a ir o macharse a la mitad o a la llegada al centro. 

En cualquier caso, el traslado al centro Médico, forma parte de la prueba a que la persona debe someterse por lo que la negativa a trasladarse aunque no exista una negativa expresa a la realización de la prueba, debe ser calificada y denunciada como negativa a cometerse a la realización de la misma. 

Lo anterior debe entenderse para los casos en los que la persona no presente "síntomas evidentes" de intoxicación, pues de presentarlos nos encontraríamos en el primer caso, debiendo actuarse conforme a los dispuesto en el artículo 24 del R.G.C. 

3º.NO PUEDE O FINGE QUE NO PUEDE EFECTUAR LA PRUEBA DE AIRE ESPIRADO. 

En el tercero de los casos en que no puede efectuarse la prueba, pero no se alega dolencia o enfermedad (por ejemplo, una persona de edad que es incapaz de espirar suficiente cantidad de aire) y siempre que no presente "síntomas evidentes" de intoxicación que harían aplicables el artículo 24 R.G.C., esta Subdirección estima que en un principio debe aplicársele la presunción de inocencia y no realizarse ningún otro tipo de control pues no se encuentra previsto. 

Sólo en el caso de que el Agente tenga indicios racionales de que dicha actitud es fingida deberá entenderse como negativa a realizar la prueba, efectuando la denuncia correspondiente, recogiendo claramente todos los indicios que llevaron al denunciante a sospechar del fraude. 

Independientemente de lo anterior es preciso efectuar unas aclaraciones complementarias que afectan a los casos analizados, ya que es necesario tener en cuenta que el cobro del costo del análisis realizado en el Centro Médico, sólo está previsto en los casos de contraste, pero no en los casos citados, ya que se trata de una primera prueba. 

Por otro lado en ninguno de los casos procede someter a la persona sometida a examen a otro tipo de prueba, como de equilibrios, caminar sobre una línea, etc., ya que no se encuentran reguladas reglamentariamente.

SAP DE ALMERÍA, SEC. 2.ª, DE 29 DE ENERO DE 2001, R, podríamos decir que NO existe la obligación de traslado a dependencias policiales para el sometimiento a las pruebas de alcoholemia, ya que esta sentencia pone de manifiesto que en ese traslado de la persona a dependencias no estamos ante el supuesto contemplado en el artículo 20 de la Ley de Seguridad Ciudadana, Ley Orgánica 1/1992, que autoriza el traslado a las dependencias policiales, puesto que esto sólo será a los efectos de “practicar diligencias de investigación”, supuesto aquí no contemplado, y si bien es cierto que el particular está obligado a someterse a estas pruebas de alcoholemia, es la administración la que ha de cuidar de hacerlo en términos tales que no se imponga a aquél cargas que no se encuentre obligado a soportar, como aquí ocurre en ese obligado traslado a las dependencias policiales para someterse allí a la aludida prueba.


Audiencia Provincial de Córdoba, de 12 de mayo del 2000. también de que el recurrente a lo que se negó fue a ir hasta la Jefatura de la Policía Local a someterse allí a las pruebas de alcoholemia al estar averiado el aparato que llevaban los agentes actuantes, y así efectivamente se reconoce en el relato de hechos probados de la sentencia recurrida, planteando la tesis de que no estaba obligado a desplazarse hasta esas dependencias para someterse a estas pruebas. Aquí cabe decir que no estamos en el supuesto contemplado en el art. 20 de la Ley Orgánica 1/1992 de 21 de febrero sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, que autoriza este obligatorio traslado a dependencias policiales, puesto esto será solo a efectos de practicar ”diligencias de identificación“, supuesto distinto al aquí contemplado, y si bien es cierto que el particular está obligado a someterse a estas pruebas de alcoholemia, es la administración la que ha de cuidar de hacerlo en términos tales que no imponga a aquél cargas que no se encuentre obligado a soportar, como aquí ocurre con ese obligatorio traslado a las dependencias policiales para someterse allí, y que ante la negativa a ese desplazamiento que aquí se ha de calificar de legítima, los agentes actuantes hubieron de ver de conseguir otro aparato que estuviese en correcto estado de funcionamiento, el ciudadano está obligado a someterse, y la administración está obligada a poner los medios en circunstancias acordes con la libertad de la persona que aquí ha de ser primada, con lo que una vez que el sometimiento obligatorio que se le proponía conllevaba un traslado a dependencias policiales al que perfectamente podía negarse, no cabe hablar de se puso en tela de juicio el principio de autoridad al negarse a una prueba obligatoria, sino simplemente que la negativa era a hacerlo en esas circunstancias que le imponían restricciones a su libertad personal, quedando por determinar si se hubiese sometido de haber estado en correcto estado el aparato que llevaban los agentes.


Por otro lado, la SAP DE BALEARES, SEC. 1.ª, DE 5 DE MAYO DE 2008 SI considera que SÍ existe obligación de traslado a las dependencias policiales para someterse a las pruebas para la determinación del grado de impregnación alcohólica mediante el aire espirado. En consecuencia, advertida a la acusada en el lugar de los hechos, antes, durante o después de la práctica de la prueba mediante el etilómetro de muestreo, la necesidad de practicar la prueba en las condiciones reglamentarias establecidas, es evidente que su obligación como conductora subsistía y que, por lo mismo, advertido por los Agentes de la Autoridad de las consecuencias de su negativa (en el caso, además, de forma reiterada), su manifestación y su comportamiento contrarios al requerimiento efectuado incidieron en el tipo previsto en el artículo 380 del CP (actual 383 CP), que no se desvanece por el hecho de manifestar estar dispuesto a someterse a la prueba en el mismo lugar negándose a desplazarse a dependencias policiales pretextando cansancio o lo avanzado de la hora nocturna, pues no existe un derecho subjetivo a rechazar la práctica de tales pruebas por los referidos motivos y sí, en cambio, el deber general de soportar o tolerar, habida cuenta los medios existentes en las circunstancias de tiempo, lugar y dotación, el traslado a dependencias policiales para materializar la práctica de la prueba en condiciones reglamentarias, pues se intenta asegurar la práctica de las pruebas periciales que redundarán en la protección de la seguridad del tráfico (actual seguridad vial),  bien jurídico colectivo de considerable valor.


Yo creo que deberiamos de procurar por todos los medios realizar las pruebas in situ, ya que ese desplazamiento a dependencias policiales, ya vemos que no está demasiado cubierto legalmente. Yo he llegado a realizar pruebas de alcoholemia con etilómetro evidencial para cuerpos de Policía Local a los que se les ha planteado y este caso, entregándoles los tickets a continuación bien para el atestado o la denuncia administrativa y no ha habido el mas mínimo problema, puesto que el aparato está calibrado, revisado y perfectamente identificado, que es lo que importa.