Se reducen un 60% los pleitos contra las administraciones públicas por las tasas

Los pleitos de los particulares contra las administraciones se han reducido más de un 60% en algunas comunidades porque los ciudadanos no pueden hacer frente a las tasas judiciales, según un estudio realizado por el Consejo General de la Abogacía Española.
Su presidente, Carlos Carnicer, ha explicado que los abogados han realizado un informe, con los datos de los 83 colegios de abogados de toda España, en el que detallan un centenar de casos de ciudadanos que no han interpuesto procedimientos porque no disponen del dinero que se les reclama en concepto de tasas.

Carnicer ha alertado de que podrían "criminalizarse" los procedimientos ya que "muchos ciudadanos interpondrán querellas criminales porque en la jurisdicción penal no existan tasas".

"El informe incluye cien casos concretos en los que se vulnera el derecho fundamental al acceso de la justicia por la ley de tasas", ha dicho Carnicer, quien ha explicado que un pleito puede costarle a un particular al menos tres mil o cuatro mil euros si tiene que llegar hasta el Alto Tribunal.

Durante su intervención en un desayuno informativo de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, organizado por el Colegio de Registradores, el presidente de los abogados ha anunciado que llevarán el estudio a esa institución, pero también al Ministerio de Justicia y a la Fiscalía General del Estado.

Según Carnicer, en los servicios de orientación jurídica los ciudadanos están señalando que no disponen "en estos momentos" de las cantidades que se les exigen para presentar las acciones judiciales, por ejemplo, por multas de ayuntamientos o casos de expropiaciones.

"La ley hace advertir al cliente que tiene que acopiar ese dinero para los recursos, si se produce en primera o en segunda instancia hay que depositar la tasa, si no se pierde el derecho", ha indicado.

El presidente de los abogados ha asegurado que la media de reducción del número de pleitos con la nueva ley de tasas podría situarse en tono al 40 por ciento, aunque en algunas zonas, como Murcia, podría superar el 65 por ciento, sobre todo en las demandas contra las administraciones públicas, "que son la garantía del ciudadano frente a la arbitrariedad de la administración".

"Se lo vamos a presentar a todos aquellos que tengan competencia para reformar una ley de tasas que evidentemente se aleja mucho de las normas constitucionales", ha opinado.

Según los abogados, la reducción de las tasas sólo beneficia a las empresas y a personas jurídicas, pero no a los particulares para los que mantiene las cuotas fijas.

Por su parte, el juez decano de Madrid, Jose Luis González Armengol, se ha declarado partidario de las tasas en el servicio público, aunque considera que "es un error la cuantía" que establece la ley.

"Habría que hacer tramos", ha señalado el juez, quien ha propuesto que se establezca una tasa de 20 o 30 euros por procedimiento y se "carguen más las cuantías" en los recursos de apelación.

El juez ha alertado de que las "tasas altas" pueden potenciar los incumplimientos de las administraciones y de particulares que intuyan que su "contraparte" no va a poder acudir a los tribunales.